No puede resultar más grotesco, a la vez que revelador, que la eliminación de las autorizaciones de residencia para los extranjeros inversores coincida en el tiempo con la reforma del reglamento de extranjería, que flexibiliza los requisitos para obtener la residencia a las personas que se encuentran en situación irregular, e incluso a los migrantes ilegales. Sin duda estamos ante uno de los episodios más brillantes conocidos de regulación migratoria.
La decisión de eliminar estos visados para inversores se formalizó con nocturnidad y alevosía mediante una enmienda incorporada al proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia por la que se eliminan los artículos 63 al 67 de la Ley 14/2013, que regulaban la concesión de estos visados y autorizaciones de residencia.
La posibilidad de obtener la residencia mediante la realización de inversiones es una posibilidad ampliamente extendida en muchos países y que se introdujo en España en 2013 con la aprobación de la llamada ley de emprendedores y con la finalidad de captar fondos en el extranjero y mejorar el déficit externo. La reforma de corte liberal de 2013, permitía a ciudadanos extracomunitarios obtener permisos de residencia de varios años de duración mediante inversiones significativas en el país, siendo las más habituales las inversiones en bienes inmuebles.
Las inversiones que daban acceso a la residencia y que ahora han sido eliminadas incluían:
- Inversión inmobiliaria: Adquisición de bienes inmuebles por un valor igual o superior a 500.000 euros libres de cargas.
- Inversión en deuda pública: Compra de títulos de deuda pública española por un mínimo de dos millones de euros.
- Inversiones bancarias/financieras. Un millón de euros en depósitos bancarios o fondos de inversión.
- Inversión empresarial: Inversión de al menos un millón en acciones o participaciones de empresas españolas.
- Proyectos empresariales: Desarrollo de proyectos empresariales en España considerados de interés general, valorando aspectos como la creación de empleo, impacto socioeconómico o aportaciones a la innovación científica y tecnológica.
El Gobierno argumenta que la eliminación de las ‘Golden Visa’ busca combatir la especulación inmobiliaria y reducir la presión en los mercados de vivienda de las grandes ciudades. Sin embargo los expertos inmobiliarios rechazan estos argumentos y señalan que el carácter del mercado en el que se mueven los inversores es básicamente el de los inmuebles de lujo y que este no tiene por qué afectar los precios de la vivienda media. El aumento siempre imparable de la demanda, sobre todo en las grandes ciudades, unido a la escasez de suelo edificable y la escasa promoción de vivienda nueva es la verdadera culpable de la escalada de precios, aunque siempre resulte preferible identificar algún chivo expiatorio al que cargar con la culpa de una nefasta gestión política.
Los propios datos oficiales desmienten además las teorías gubernamentales y reflejan la escasa incidencia de las Golden visas concedidas en el mercado inmobiliario con solo 14.576 autorizaciones, muchas de las cuales corresponden realmente a familiares de los propios inversores.
Otro dato que demuestra que la motivación del gobierno con esta decisión es la mera especulación ideológica, es el hecho de que junto con las visas para inversores inmobiliarios se hayan eliminado también las de los inversores en deuda pública, depósitos, fondos de inversión o compradores de acciones y/o participaciones en sociedades españolas, y lo que es peor aún, las inversiones en proyectos empresariales de especial interés para la economía, ninguno de las cuales contribuía al aumento del precio de la vivienda, algo que el propio gobierno justifica cuando indica en su web oficial que “de cada 100 visados otorgados por la Golden visa, 94 están vinculados a la acción de inversión inmobiliaria”. Hay que tener en cuenta, además, que más allá de las propias inversiones realizadas en España, los extranjeros residentes aportan mucho más. Muchos se convierten también en residentes fiscales contribuyendo con sus impuestos a las arcas de hacienda. Normalmente, continúan invirtiendo en la creación de empresas, creando puestos de trabajo, muchos envían a los hijos a estudiar a escuelas de negocio de prestigio y abren cuentas bancarias, constituyen inversiones financieras etc.
Solo el tiempo demostrará el impacto real de estas medidas y si finalmente contribuyen a estabilizar los precios de la vivienda, pero lo que es seguro es que ya han causado un gran perjuicio a la percepción de España como destino de inversión, y eso no es algo que se pueda reparar fácilmente.
La eliminación definitiva de las autorizaciones de residencia para inversores entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, es decir el 10 de febrero de 2025. El texto legal aprobado indica que se respetarán las nuevas solicitudes presentadas antes de dicha fecha y también las renovaciones posteriores de solicitudes ya aprobadas, siempre que se mantengan las condiciones originales de estas.
Alejandro de Vicente de Rojas
Abogado