La obtención de una simple cita previa de extranjería, un mero acto de trámite y gratuito, se puede convertir en la puerta de entrada a un mercado irregular que mezcla bots, reventa de turnos y, en su versión más dañina, directamente estafas con citas falsas.
El problema no es nuevo, pero en 2025 y 2026 ha vuelto a ganar visibilidad por una combinación especialmente peligrosa: Saturación administrativa, alta demanda, la existencia arraigada de mafias, y lo peor y más dañino, la inseguridad jurídica que provocan los procesos de regularización masiva que son los mayores incentivos para estos grupos mafiosos.
El punto de partida conviene recordarlo con claridad: la cita previa de Extranjería es un servicio público y gratuito. La propia sede oficial de la Administración General del Estado lo articula como canal de acceso a distintos trámites y especifica, además, quién puede pedir cada tipo de cita según el procedimiento de que se trate. Precisamente por ese carácter público y gratuito, cualquier cobro por “conseguir” una cita plantea ya un serio indicio de irregularidad, y más aún cuando lo que se vende ni siquiera existe realmente en el sistema.
La dimensión criminal del fenómeno ya ha sido reconocida en sede policial. En noviembre de 2024, la Policía Nacional informó de la desarticulación de un grupo criminal dedicado a obtener citas de Extranjería mediante bots, bloqueando el servidor de la Administración y monopolizando la oferta disponible para después revenderla. Según la nota oficial, hubo 21 detenidos en Alicante, Murcia y Valencia, y los investigadores estimaron ganancias de unos 9.000 euros mensuales por integrante, además de documentar la falsificación de documentos usados en expedientes de residencia.
Ese antecedente desmiente cualquier intento de presentar el problema como una simple picaresca menor. No se trata solo de personas que intentan sacar partido de la escasez de citas, sino de estructuras organizadas que, según la Policía, han llegado a interferir técnicamente en el funcionamiento normal del sistema público y que impiden acceder al usuario al trámite que le corresponde. El mercado negro no aparece solo porque haya demanda: en parte se alimenta también de una captura artificial de la oferta.
Madrid figura entre los territorios donde la situación ha sido descrita con mayor crudeza. En mayo de 2025, un medio señalaba que la venta ilegal de citas para extranjeros se había disparado en la capital, con anuncios en plataformas de compraventa y cobros de hasta 400 euros por trámites oficiales. Ese auge se ha vinculado a la falta de recursos y al colapso de comisarías y oficinas, un contexto perfecto para que florezcan los intermediarios y reventas.
La modalidad más lesiva, sin embargo, ya no es solo la reventa de una cita real, sino la comercialización de citas directamente falsas. Distintas coberturas han venido reflejando que hay víctimas a las que se les entrega un justificante o una fecha que luego no existe en el sistema. En las últimas semanas, diversas informaciones han advertido de estafas de entre 300 y 1.000 euros a personas extranjeras que buscaban regularizarse, a cambio de supuestas citas o gestiones que en realidad no tenían validez alguna.
No es una anomalía aislada. En diciembre de 2024, la Policía detuvo en Teulada a una mujer acusada de estafar a extranjeros con citas falsas para trámites de asilo, cobrando 100 euros por cada una; las víctimas descubrieron al acudir a la oficina que aquellas citas no existían. Y en septiembre de 2024, otra investigación culminó en Ibiza con la desarticulación de un grupo que presuntamente acaparaba citas con un bot para después revenderlas entre 50 y 90 euros, habiéndose identificado a más de 100 víctimas en toda España.
El problema ha llegado también al Congreso. En noviembre de 2025 se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales una resolución en la que el Congreso instaba al Gobierno a continuar con la puesta en marcha inmediata de medidas para erradicar el mercado ilegal de turnos y citas relacionados con trámites de extranjería y para proteger el derecho de las personas migrantes a acceder a la Administración. Que esa petición figure en un documento parlamentario oficial es relevante: confirma que la existencia de este mercado no es solo una denuncia social o mediática, sino una cuestión ya asumida institucionalmente.
La preocupación, además, se ha intensificado con el nuevo escenario administrativo abierto en 2026 con el anuncio del inicio de un proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes irregulares, con una previsión de presentación de solicitudes a partir del mes de abril. Ese horizonte ha disparado la demanda y ya hay alertas sobre un posible colapso adicional de oficinas y plataformas, justo en el terreno donde mejor prosperan los falsos gestores, revendedores y estafadores.
El riesgo jurídico y humano es evidente. Perder una cita no significa solo perder tiempo: puede implicar quedarse sin margen para trabajar, documentarse, contratar o acreditar su situación. Esa presión convierte a muchos usuarios en objetivo fácil de quienes ofrecen atajos, urgencias fabricadas o supuestas “gestiones seguras” a cambio de cantidades abusivas.
La lección de fondo es incómoda, pero necesaria: mientras la administración no garantice un acceso razonable, trazable y seguro a sus propios turnos, seguirá existiendo un ecosistema de reventa y fraude que se nutre de la escasez. La actuación policial es imprescindible, pero llega cuando el daño ya se ha producido. La solución real exige reforzar medios, blindar técnicamente las plataformas frente a bots, depurar canales de reserva y ofrecer alternativas eficaces cuando las citas desaparecen del sistema. De lo contrario, lo que debería ser un trámite gratuito seguirá siendo, para demasiadas personas, una carrera de obstáculos y una oportunidad de negocio para terceros.
Alejandro de Vicente de Rojas
Abogado