La paralización denunciada en la expedición de pasaportes en consulados españoles durante 45 días, las versiones incompatibles entre Exteriores y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la falta de una explicación institucional nítida han convertido una incidencia administrativa en un problema político y jurídico de primer orden.
Lo que hasta hace apenas unas semanas podía parecer una mera incidencia técnica ha escalado a la categoría de escándalo público. Los perjudicados, los de siempre: en este caso españoles que se encuentran o son residentes en el extranjero y que sencillamente no pueden acceder al documento personal básico. Su pasaporte.
El caos de los pasaportes en los consulados de España ha estallado tras la difusión pública de un parón de 45 días, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 6 de febrero de 2026, en la fabricación y/o envío de pasaportes para españoles residentes en el extranjero. La controversia no se limita al retraso. Lo más grave es que las explicaciones trasladadas públicamente no coinciden: una versión apuntó a una incidencia técnica o de servidor, mientras otra situó el origen del problema en la interrupción de la valija diplomática durante el periodo navideño.
Para cualquier español que vive fuera del país, el pasaporte no es un trámite menor. Es el documento que acredita su identidad y su nacionalidad en el exterior, y su expedición corresponde legalmente a las misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas. Cuando ese sistema falla durante semanas, el perjuicio se traslada a la movilidad, a la identificación, a trámites migratorios y a gestiones bancarias o familiares que dependen de tener el documento en vigor.
El asunto ya ha llegado al Congreso, donde se ha registrado una iniciativa sobre la carencia de pasaportes en los consulados de España y se han pedido explicaciones sobre la causa real del bloqueo, el número de afectados y las medidas de contingencia aplicadas. Esto importa especialmente porque desde el 9 de diciembre de 2025 está en vigor la regulación del pasaporte provisional y del salvoconducto, concebida precisamente para responder a situaciones en las que no sea posible expedir con normalidad el pasaporte ordinario. Por eso la pregunta de fondo es evidente: si el ordenamiento prevé una vía de urgencia, por qué no evitó un colapso tan prolongado.
Este escándalo de los pasaportes en el extranjero no solo retrata un retraso administrativo. Muestra un servicio consular demasiado dependiente de una cadena técnica y logística frágil, y una Administración incapaz de ofrecer una versión uniforme sobre un problema que afecta a sus propios nacionales fuera de España. El Gobierno deberá aclarar qué ocurrió exactamente, pero también por qué un servicio esencial quedó expuesto a una quiebra de varias semanas y sobre todo, qué medidas se van a tomar para que esto no se repita. En términos de posicionamiento institucional, el daño no es solo operativo: es un fracaso de la capacidad del Estado para asistir y documentar a sus ciudadanos en el exterior.
Alejandro de Vicente de Rojas
Abogado