El nuevo gobierno portugués ha aprobado una profunda reforma de su Ley de Nacionalidad que marca un giro sin precedentes en su política migratoria.
Entre las medidas más destacadas, se encuentra la derogación definitiva del régimen especial para los descendientes de judíos sefardíes vigente desde 2015. Este régimen legal, permitía obtener la ciudadanía portuguesa acreditando dicho origen histórico y el cumplimiento de distintos requisitos de vinculación con Portugal.
Este mecanismo, atrajo a miles de solicitantes de todo el mundo, incluyendo casos tan notorios como el del oligarca ruso Roman Abramóvich, y había sido objeto de numerosas críticas y escándalos. Con la reforma aprobada esta semana por el Consejo de Ministros, el Gobierno de la coalición conservadora liderada por Luís Montenegro ha decidido eliminarlo completamente, argumentando la existencia de “numerosas irregularidades” y su «uso fraudulento» como vía de acceso a la Unión Europea.
Fin del capítulo sefardí
La llamada “Ley de los sefardíes” nació como un gesto de reparación histórica hacia los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica en el siglo XV. Sin embargo, su aplicación fue, según las autoridades portuguesas, desvirtuada con el paso del tiempo, dando pie a una industria de certificados y a la nacionalización de individuos sin auténtica vinculación con el país.
El Gobierno luso sostiene que esta vía de acceso se convirtió en una puerta trasera hacia la nacionalidad, facilitando incluso la obtención de pasaportes comunitarios por parte de personas vinculadas a entornos de alto riesgo geopolítico, como ciertos magnates rusos. El fin de este régimen pone punto final a una etapa que, aunque simbólicamente significativa, generó controversias en Portugal y críticas en el ámbito europeo.
Nuevos requisitos generales para obtener la nacionalidad
Además de la eliminación del régimen sefardí, la reforma introduce otros cambios importantes en el acceso a la nacionalidad portuguesa:
- Ampliación del período de residencia legal: de cinco a diez años para la mayoría de los extranjeros. Para ciudadanos de países de lengua portuguesa, el período exigido será de siete años.
- Obligatoriedad de un examen de lengua y cultura portuguesa, con el fin de reforzar la integración efectiva de los solicitantes.
- Restricciones al ius soli: los hijos nacidos en Portugal de padres extranjeros ya no obtendrán automáticamente la nacionalidad. Será necesario que los progenitores acrediten al menos tres años de residencia legal en el país y soliciten expresamente la ciudadanía.
- Limitación del derecho a la reagrupación familiar, ahora restringido a menores ya presentes en territorio portugués, siempre que sus familias lleven al menos dos años de residencia legal.
Un cambio estructural en la política migratoria
Estas modificaciones se producen en un contexto de endurecimiento generalizado de la política migratoria portuguesa. La nueva legislación responde, según el Ejecutivo, a la necesidad de recuperar el control tras “siete años de inmigración descontrolada”, en palabras del ministro de Presidencia, António Leitão Amaro.
La extinción del antiguo Servicio de Extranjeros y Fronteras (SEF) y la creación de una nueva unidad dentro de la Policía de Seguridad Pública (PSP) también forman parte de esta reconfiguración institucional. El Gobierno confía en que la mayoría conservadora del Parlamento permita avanzar rápidamente en esta agenda legislativa.
Portugal, de ejemplo europeo a país en repliegue
Hasta hace poco, Portugal era considerado en Europa como un estado especialmente laxo con la inmigración, algo que ha propiciado fuertes cambios sociales internos en el país y que finalmente ha pasado una enorme factura electoral a las fuerzas políticas tradicionales. El ascenso de nuevos partidos de identidad nacional, con Chega convertido ya en segunda fuerza parlamentaria, ha influido de forma decisiva en el giro actual. Una de las medidas más contundentes, ha sido la exclusión de los inmigrantes irregulares del sistema nacional de salud, salvo en situaciones de emergencia.
El Gobierno justifica estas reformas como necesarias para garantizar una inmigración “ordenada y sostenible”, pero las organizaciones de derechos humanos y algunos sectores de la sociedad civil han expresado su rechazo por las consecuencias sociales y humanitarias de este endurecimiento.
Conclusión
La eliminación del régimen especial para sefardíes y las demás medidas restrictivas aprobadas, suponen el cierre de un capítulo simbólico en la historia reciente de Portugal. Este cambio legislativo, revela el imparable cambio de paradigma social que ya ha llegado a Europa y que está dejando ver implicaciones de alcance, no solo para los propios solicitantes, sino para el posicionamiento de Portugal en el debate europeo sobre inmigración e identidad nacional.
Alejandro de Vicente de Rojas
Abogado