Andorra, es el último país en intervenir el mercado inmobiliario prohibiendo la compra de viviendas por extranjeros, una actuación similar a la que se ha visto recientemente en otros países como Canadá, donde también se ha vetado a los extranjeros no residentes de la adquisición de viviendas en el país. Regiones como la Comunidad de Madrid optan por el camino contrario, el de los incentivos al capital foráneo.
El movimiento internacional que hace gala del mensaje populista de que “las casas son para las personas, no para los inversores”, parece estar cogiendo fuerza, y cada vez son más numerosos los países que están estableciendo limitaciones al libre mercado y restringiendo los derechos de los extranjeros para adquirir viviendas, cuando dichas adquisiciones puedan tener un interés de carácter financiero o de inversión y no hay una motivación real de habitar dichos inmuebles.
Países, como Portugal han decidido limitar las inversiones de extranjeros en vivienda poniendo fin a los incentivos que concedían las denominadas “Golden Visas” para inversores inmobiliarios, un régimen de visados que concedían la residencia en el país a cambio de la realización de inversiones en real estate. Portugal además, ha ido más lejos, prohibiendo las nuevas licencias para pisos turísticos, excepto aquellos situados en municipios rurales de las zonas más despobladas del país.
También Irlanda y Grecia están dando marcha atrás en estas políticas de incentivar a los inversores inmobiliarios y están retirando a su vez este tipo de autorizaciones de residencia.
Hay que recordar que en España, también se han presentado determinadas iniciativas parlamentarias por grupos de la extrema izquierda como Podemos o Mas país-Equo solicitando la retirada de estos beneficios para inversores extranjeros, o incluso solicitando directamente que se prohíba la adquisición de vivienda por foráneos o ciudadanos no residentes. En este sentido remito a mi artículo titulado “Tiene la Golden Visa los días contados en España”, publicado por el diario Expansión el 17/03/2003 https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/03/17/641461fb468aeb902d8b4622.html
Andorra, como decíamos, ha sido la última nación en acogerse a estas medidas proteccionistas y restrictivas al libre mercado. El demonio inversionista foráneo es, según el ejecutivo andorrano el detonante que ha disparado el precio de los inmuebles, tanto en alquiler como en compra, afectando en gran medida al residente local que “se estaría quedando sin opciones de acceso a una vivienda”. Por ello, según el comunicado emitido por el gobierno, se han “suspendido de forma transitoria las autorizaciones de inversión extranjera en inmuebles”, en espera de que se apruebe una reforma legislativa que podría imponer la aplicación de un nuevo impuesto especial que gravase en más de un 10% la adquisición de viviendas por parte de extranjeros (https://www.govern.ad/altres-noticies/item/15915-el-govern-anuncia-una-suspensio-transitoria-de-les-autoritzacions-d-inversio-estrangera-en-immobles ).
Contrariamente, otras administraciones nacionales o regionales como la Comunidad de Madrid, están optando por el efecto inverso y se están lanzando a la caza y captura del capital foráneo, optando por un régimen mucho más liberal en estas materias y buscando atraer nueva inversión extranjera. Así, Madrid ha aprobado hace unos días una rebaja fiscal extraordinaria y “pionera en la UE”, dirigida a inversores extranjeros que pretende “generar más recaudación y empleo”. Estos beneficios se concretarán en una deducción en la cuota autonómica del IRPF para estos inversionistas extranjeros y beneficiarán a aquellas personas que lleven al menos 5 años viviendo fuera de España, quieran invertir, y trasladen su residencia fiscal a la región de Madrid. Estos “impatriados” podrán deducirse el 20% del total, ya sea en activos financieros como inmobiliarios, debiendo estar estos últimos radicados en la propia Comunidad de Madrid, mientras que el resto podría localizarse en cualquier lugar, exceptuando los considerados como paraísos fiscales.
Hay que recordar que en el ámbito estatal, España sigue siendo, de momento, un destino muy beneficioso para los inversores extranjeros, que aún pueden conseguir la residencia de larga duración para todo un grupo familiar, por medio de la realización de una inversión mínima de 500.000 € libres de cargas en bienes inmuebles de cualquier índole y radicados en cualquier lugar del territorio nacional.
Si Ud. desea realizar una inversión que le permita vivir en España junto a su familia, consúltenos.
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Alejandro de Vicente de Rojas
Abogado